Regulaciones cripto en Latinoamérica. ¿Qué están regulando?

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Regulaciones cripto en Latinoamérica. ¿Qué están regulando los países de la región? 

 

Por Joaco de Bitgalea

Jueves 16 de septiembre de 2021

 

Bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre del 2021, esto impulsó la agenda regulatoria en todo LATAM, aunque desde otras perspectivas. 

 

Resumen:

Los proyectos regulatorios que presentaron los países latinoamericanos después de surgida la Ley Bitcoin en El Salvador en junio de este año, tuvieron distintos enfoques. El Salvador fue el único país que abordó directamente a Bitcoin, Uruguay y Paraguay le dieron entidad productiva a la industria minera y al intercambio de criptomonedas. Cuba, alojó a las cripto en su regulación Fintech y permitió el intercambio cubano a cubano (p2p) sin licencias o limitaciones; y Panamá, busca transformar y transparentar la Administración Pública con blockchain, y escalar toda la industria, con las criptomonedas como monedas de curso legal. 

 

1. Situación en El Salvador

2. Regulación cripto en en Uruguay


3. Regulación cripto en Paraguay


4. Regulación cripto en Panamá


5. Regulación cripto en Cuba


6. Situación en Argentina



 

Ley Bitcoin en El Salvador: conocé acá el cómo, los motivos, y las especificaciones de la norma



En esta cobertura regulatoria cripto latinoamericana no vamos a repasar la regulación de la Ley Bitcoin, ni otros antecedentes regionales. Vamos a revisar los proyectos regulatorios y las nuevas normas que surgieron después del anuncio de la Asamblea Legislativa salvadoreña.

Tomate 10 minutos y revisá la parte 1/2 de este análisis. 

 

1. El Salvador (del cuerpo legislativo): “Dado que Bitcoin es una moneda virtual e intangible, invertir en esta trae enormes beneficios”

 

El proyecto de Ley Bitcoin de El Salvador entró en erupción el 8 de junio de este año y el 7 de septiembre se cumplieron los 90 días estipulados para que se implemente. La actividad volcánica de la ley de Bukele petrificó a sus propios funcionarios además de a la oposición, y llegado el día D parecería que muchas cuestiones operativas no fueron resueltas. 

En este sentido, uno de los proveedores del gobierno salvadoreño, en un contexto que se está viviendo como una transición importante declaró ante Bitcoin Magazine, que luego del anuncio de hace 2 meses, no hubo nueva información hasta la semana pasada. Indicó que las regulaciones que dictó el Gobierno están muy alineadas a la de la mayoría de los países, lo cual es contradictorio ya que BTC en general es tratado como una commodity. Y en El Salvador será moneda de curso legal, debiendo recibir el mismo trato que el dólar.

Es cierto, que muchas de las normas reglamentarias que deben acompañar al cuerpo legislativo de 16 artículos breves e imperativos, no han sido firmadas. La semana anterior apareció una de las primeras. El Banco Central de la República emitió las “Normas Técnicas Para Facilitar la Aplicación de la Ley Bitcoin”, que determina a los sujetos jurídicos y los obliga al cumplimiento de normas bancarias, de buen Gobierno Corporativo y Anti Lavado.

Indicaron los entrevistados cuando fueron preguntados, que los desafíos más grandes a los que se enfrenta la iniciativa del Gobierno durante esta transición tienen que ver con: (i) el éxito de la Chivo Wallet (una billetera diseñada y administrada por el Poder Ejecutivo) y (ii) las limitaciones de la Lightning Network de Bitcoin y su operatividad a gran escala. 

Para concluir el agradable y siempre respetado espacio que la revista hiperbitcoinera Bitcoin Magazine ofrece a la comunidad, un colaborador de Athena Bitcoin, se declaró optimista de cara a la red de cajeros automáticos expendedores de BTC que están instalando en el país y resaltó que estó beneficiará a mucha gente, sobre todo a la que no está bancarizada. 

Cuando la conversación se apagó, todas las empresas invitadas alentaron a que el resto del mundo se acerque y vea con sus propios ojos esta transición, que los espera un entramado transparente y corporativamente amigable. 

Por último (aunque en realidad fue a la mitad), uno de los empresarios, el mismo que enumeró los problemas mayores a los que se enfrentaba el Gobierno, aclaró que no se están haciendo esfuerzos desde el sector público y que sería el sector privado el encargado de administrar educación financiera cripto a la ciudadanía. ¿Si no es este el mayor problema al que se enfrenta la inexorable implementación de la Ley Bitcoin? ¿Cuál es?.

Descargar PDF: Ley Bitcoin El Salvador



 

2. Uruguay: “Hoy existen ecosistemas girando en torno a cadenas de bloques por todo el mundo permitiendo distintos usos y generando miles de nuevos puestos de trabajo”.

 

Sin ahondar en detalles respecto a la imperante necesidad de educar, ni siquiera como un derecho fundamental, sino como mecanismo de consenso o de escalabilidad de una idea, puedo confirmar que no fuimos los únicos que advirtieron que la falta de educación es un riesgo. Un riesgo que en el caso de El Salvador, atenta contra el espíritu de la propia regulación. 

Uno de los proyectos nacidos gracias al boom de la Ley Bitcoin, fue el uruguayo, impulsado el 3 de agosto de este año (notoriamente inspirado en el proyecto regulatorio paraguayo).

Lo más destacado de esta proposición legislativa tiene que ver con el programa de capacitación de acceso a toda la ciudadanía que impulsará de ser aprobada, el Ministerio de Educación y Cultura. Una radical diferencia con la ley salvadoreña, que no dictó la instrucción y capacitación de la población, ni siquiera durante la puesta en marcha, y, con una leve mejoría en comparación a lo premeditado en Paraguay, que mandaría a capacitar a todo el personal técnico, algo que Sartori replicó y luego escaló a toda la población.

Otra diferencia clave entre las 2 regulaciones, tiene que ver con que Bukele reguló especialmente a Bitcoin, la propuesta del congresista uruguayo Juan Sartori tiene una mirada más amplia, que también implica la aceptación de las criptomonedas como medio de pago válido, aceptable en cualquier negocio jurídico. Bitcoin y las otras criptomonedas no alcanzan el orden de moneda legal, pero son admitidas y reconocidas como monedas.

Este proyecto, reconoce 2 sectores productivos: el del comercio de activos digitales y el de la minería de estos. Algo similar trazó en Paraguay el diputado nacional Carlos Rejala, que en el mes de julio sorprendió a la región cuando presentó ante el Congreso un proyecto que regula la industria y comercialización de Activos Virtuales.

Otra virtud del legislador charrúa tiene que ver con identificar a la minería de criptomonedas como una industria productiva, aun así indica que los mineros no van a necesitar licencias especiales para ejercer esta práctica, pero sí un permiso del Ministerio de Industria, que deberá ser solicitado por personas físicas y jurídicas. No hace referencia a ninguna consideración ambiental o de ahorro de energía eléctrica, más allá de involucrar al Ministerio de Industria como la autoridad competente y el responsable de autorizar o no a empresas generadoras de Activos Digitales (minería).

Establece también el uso y administración de licencias especiales en 3 casos: licencia habilitante para operar y comercializar (exchanges), (ii) para almacenar retener o custodiar criptoactivos y (iii) una licencia para aquellos que quieran emitir criptoactivos o tokens de utilidad con características financieras, tipo ICO (Oferta Inicial de Criptomoneda, iCO por sus siglas en inglés).

En los 3 casos el plazo máximo será de 45 días y de no haberse expedido el poder ejecutivo, dicha licencia se entenderá autorizada de puro derecho. Es decir, que se extenderá la licencia automáticamente a favor del solicitante. Encargan a su vez que la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo lleve un registro de Proveedores de Activos Virtuales, en el que deberan inscribirse los sujetos obligados a contralor antilvado. El resto de las personas podrán operar libres de consentimiento, permiso o licencia estatal. 

Sartori redacta en la justificación del proyecto, que más adelante y con normas subsiguientes deberán regular específicamente productos y derivados de la tecnología blockchain, y que el objetivo de esta ley en particular tiene que ver con “legalizar los Activos Virtuales como medio de pago y admitirlas como monedas”, y “evitar el uso indebido y los fines ilegítimos o ilegales de estos instrumentos”.

Descargar PDF: Proyecto regulación de criptoactivos Uruguay



3. Paraguay: “Reconócese a la minería de activos virtuales como industria digital, innovadora y electro intensiva”.

 

El proyecto uruguayo es similar al que presentó el 14 de julio Carlos Rejala, congresista independiente del Paraguay, con el apoyo del Frente Amplio (la casa política de mayoría legislativa). 

Tienen en común su objeto: “Regular las actividades de producción y comercialización de Activos Digitales” y establecen una definición similar de esos activos, sin aludir en ambos casos a una división categórica, es decir, “criptoactivos > criptomonedas”, sino que los entienden como lo mismo. Un activo digital. Aún así, las dos regulaciones tienen un tratamiento especial para los tokens, despegados de la definición precedente. 

Reconoce a la minería de activos virtuales como “una industria digital innovadora y electro intensiva”, y es ahí donde pone el foco regulatorio, recibiendo los mismos beneficios e incentivos que por ley le correspondan a las demás industrias. 

Este proyecto fue de los primeros en Latinoamérica en dar entidad productiva a la industria de la minería cripto y parecería haber estado a la corriente de la deuda mayoritaria de la emisión de criptomonedas, con el consumo de energía eléctrica. Para ello involucra no solo al Ministerio de Industria como el responsable de repartir las licencias y autorizaciones, sino además en carácter de Ente Técnico y co-supervisora, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

El Ente Técnico deberá establecer un plan nacional de consumo eléctrico industrial, determinar los seguros ambientales y revisar la infraestructura e instalaciones eléctricas utilizadas en la industria. 

A su vez el ANDE, será el responsable de delimitar los requerimientos de la licencia minera de activos virtuales. El Ministerio de Industria, tendrá 30 días para aprobar la solicitud de cualquier persona física o jurídica que pida este permiso. 

Por su parte, todas las personas físicas o jurídicas que quieran comercializar o custodiar Activos Virtuales, a favor de terceros, tienen la obligación de registrarse como sujeto obligado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes. Es decir, aquellos que gestionen su propia billetera y transacciones, están exentos. 

Es una responsabilidad del Ministerio de Industria - no educar a toda la población civil, como en el caso de Uruguay - pero promover la capacitación técnica de todos los ingenieros en la generación de Activos Virtuales, es decir, en la minería. 

Le da intervención a la Comisión Nacional de Valores, que fiscalizará a los emisores, oferentes e intermediarios y establecerá los requerimientos de registro. Las proposiciones legislativas de Paraguay y Uruguay, coinciden en las definiciones de tokens de utilidad (aquellos que pueden ser intercambiados por bienes y servicios) y de seguridad (aquellos que asignan derechos de propiedad), y su custodia también es competencia de estos Entes contralores. 



¿Qué tan probable es que aprueben el proyecto de regulación de criptomonedas en Paraguay?



Si fuera aprobado este proyecto, el poder ejecutivo dispondrá de 90 días para adecuarlo antes de garantizar su cumplimiento. Este plazo es similar al que Bukele se concedió a sí mismo a través de la Asamblea Legislativa, un plazo que debió haber sido mayor, claro está. Así también, las empresas o personas que estén practicando anticipadamente la minería, tendrán 180 días desde la entrada en vigencia de la ley, para solicitar una licencia ante la autoridad de aplicación. Caso contrario su negocio será clausurado. 

Ambas proposiciones legislativas (Paraguay y Uruguay) invocan a sus respectivas autoridades regulatorias en mercados y valores a fin de supervisar los tokens de seguridad, y conceden sobre los tokens de utilidad, derechos reales, o de propiedad.




4. Panamá: “Estamos viviendo la segunda revolución del smartphone”



Gabriel Silva, un diputado independiente (como el paraguayo Carlos Rejala) imitó la estrategia de redes de Bukele. Articuló un grupo de Telegram masivo en el que se discutió el anteproyecto, con la comunidad y especialistas y lo presentó ante la Asamblea Nacional el lunes 6 de septiembre. Al igual que en El Salvador, el Congreso es unicameral: esto quiere decir que no hay Senado, permitiendo que los procesos legislativos sean más ágiles. 

Explica Silva que los criptoactivos son la materialización de internet, que ha conectado a miles de millones de personas en el mundo y se utiliza en cada rincón de nuestro continente, antes para comunicar personas, hoy para transferir valor. 

Incluye en los motivos del anteproyecto, datos e indica que el 46% de la población panameña se encuentra excluida del sistema tradicional bancario (según un informe del Banco Mundial en 2017), muy por debajo del promedio regional del 55.5%. Expone el representante panameño como argumento, que esta deuda de inclusión financiera podría ser finalmente saldada, gracias a la tecnología blockchain. Así también, acude a distintos informes para desmitificar el uso de criptoactivos en operaciones delictivas y explica cómo la transparencia de la blockchain ayuda a las autoridades con las investigaciones y la administración de justicia. 

Sin lugar a dudas este proyecto es el más robusto de los que analizamos. Tiene de todo: incorpora a Bitcoin y a Ethereum como monedas de curso legal, emparenta a blockchain con la Administración Pública e inaugura un procedimiento ciudadano legislativo obligatorio inédito, que involucra a las personas naturales con la custodia de esta Ley. Enumera en ella un extenso listado de países cuyas regulaciones y efectos fueron tenidos en cuenta para elaborarlo. Qué el proyecto sea robusto, no quiere decir que sea bueno, malo o peor. En este caso significa que es una auténtica ensalada legislativa, con vegetales sabrosos, y otros no tanto. 

En relación con el ámbito público, dicta la inclusión de la tecnología en la agenda de Panamá y para ello quiere digitalizar la identidad de las personas físicas y jurídicas, migrar todos los registros públicos a la cadena de bloques de registro distribuido, así como también los procesos administrativos del poder ejecutivo y los decisorios de los tres poderes del Estado. Estas estipulaciones están acompañadas por otras de carácter menor, que buscan revolucionar el ejercicio de la función administrativa, algo novedoso en Latinoamérica. 

Como expresión del principio rector de libertad contractual los panameños físicos y jurídicos podrán libremente pactar el uso de criptoactivos, “incluyendo sin limitación Bitcoin y Ethereum”, como medio de pago para cualquier operación civil o comercial, incluso podrán liquidar sus obligaciones impositivas, tributarias, y por qué no, municipales con esta moneda.

Dice que el uso de las criptomonedas como medio de pago entre privados y con el sector público ratifica el principio constitucional de libertad monetaria, que exige la prohibición de “moneda de curso forzoso”. Esto quiere decir, que la imposición de una única moneda de curso legal, es un agravio a la Constitución, y el uso de las criptomonedas se ajusta perfectamente a este mandamiento fundamental.  

La propuesta de ley establece como obligatorio la sujeción al Procedimiento de Participación Ciudadana Digital y Calidad Regulatoria ante cualquier modificación, un procedimiento que incorpora la propia ley en las disposiciones generales. Toda Autoridad que pretenda adoptar o modificar esta norma o las complementarias que en ella tengan sus bases jurídicas, deberá hacer un anuncio de consulta pública digital, y las personas interesadas podrán presentar sus comentarios. La evaluación de estos comentarios y la elaboración de un detalle considerativo que justifique la decisión tomada por parte de la Autoridad, serán obligatorias. Incumplir esto, en toda circunstancia, tiene como efecto la nulidad absoluta del acto administrativo correspondiente.

Se diferencia de todas las normas referidas más arriba en este artículo, porque tiene un capítulo impositivo. En lo que respecta a impuestos, al final de la proposición, surgen modificaciones expresas al Código Fiscal, en los artículos 696 y 701, incorporando a esas tarifas impositivas los criptoactivos con valor subyacente. Entonces, las ganancias obtenidas de la enajenación de criptoactivos de valor subyacente son grabadas como renta bruta, y el total indeterminado de los ingresos del contribuyente en dinero o en valores, paga impuestos por una tasa fija anual del 10%. La compra y venta de estos criptoactivos de valor subyacente, tendrá una retención del 5% sobre la renta a la ganancia de capital.

Las transferencias de criptoactivos en general, no causarán estos impuestos.

Panamá es también la única de las propuestas legislativas emergentes que adopta una división categórica minuciosa, permitiendo al legislador distinguir entre aquellos criptoactivos que pagarán o no impuestos ¿Qué es un criptoactivo de valor subyacente? Son aquellos criptoactivos que representan otros activos invertidos económicamente en la República de Panamá.

La Superintendencia del Mercado de Valores deberá decidir si las ofertas públicas o de financiamiento colectivo en criptomonedas, podrían ser válidas. Sin perjuicio de este punto, nada podrá impedir que los criptoactivos sean utilizados como forma de representar valores.

Aparecen también las figuras de Entidad de Valor Digital Redimible, y Emisor de Valor Digital Redimible, que serán aquellos autorizados por licencia para comercializar o custodiar criptomonedas (exchanges principalmente). Excede de cualquier licencia  o permiso a los mineros, a los que proveen este tipo de insumos y a los desarrolladores de contratos inteligentes. Estos lo podrán hacer libremente. 

Para el anteproyecto, estos institutos, cuando custodien fondos de criptoactivos fungibles ajenos, serán mantenidos a título fiduciario a nombre y en beneficio de sus clientes. Promueve la bancarización de ellos y una serie de garantías y obligaciones específicas, a las que se deberán atener para reforzar la seguridad financiera del negocio y reducir las estafas masivas. 

Las entidades y los emisores de valor digital redimible son designadas como sujetos obligados financieramente, debiendo cumplir con todas las normativas contra el lavado dinero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El Ministerio de Comercio e Industrias será el encargado de dictar un Reglamento de Entidades de Valor Digital Redimible y de impartir las licencias habilitantes. Su punto más polémico establece que las entidades que actualmente tienen una licencia bancaria, casas de valores, cooperativas de ahorro y crédito, Órganos y entidades del Estado. En perjuicio también de que los requerimientos para adquirir licencias- de los que están exentos los organismos enumerados en el párrafo anterior - serán delimitados dentro de al menos 1 año calendario por la Autoridad de aplicación.

A comparación del caso de Paraguay, que trae el concepto de la industria “electro intensiva”, el proyecto de Silva no prevé ni construye consideraciones para esta actividad, reconocida como una industria digital productiva en más de una propuesta. No habrá licencias ambientales ni permisos menores, al menos por ahora. 

Descargar PDF: Proyecto de regulación cripto Panamá



5. Cuba: “El uso de activos virtuales aconseja exponer la posición del Banco Central de Cuba al respecto, pues aun cuando dichos activos y los proveedores de esos servicios operan fuera del Sistema Bancario y Financiero, su manejo implica riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera”. 



El 26 de agosto el Banco Central del régimen dictatorial cubano se declaró encargado de regular la actividad cripto en toda la isla. Estableció las normas a partir de las cuales regula el uso de Activos Virtuales en transacciones comerciales, con la provisión de licencias para operaciones cambiarias, cobranzas y medios de pago.

Definió a los Activos Virtuales como la representación digital de un valor que se puede comercializar o transferir digitalmente, como pago o inversión y lo emparenta etimológicamente con los criptoactivos o criptomonedas, sin hacer ninguna clasificación categórica. Tampoco distingue o hace referencia a la minería de criptomonedas, a diferencia de Uruguay y Paraguay, que la reconocieron como una industria productiva. 

Todas las personas u organizaciones deberán estar autorizadas para operar mediante la autoridad competente. Advierte a los ciudadanos (personas naturales, físicas para el ordenamiento jurídico argentino) que el uso no autorizado de Activos Virtuales o de servicios derivados, tendrán consecuencias en el orden civil, administrativo y penal. Sin perjuicio de esto, podrán transaccionar entre ciudadanos sin este tipo de autorizaciones. 

En cuanto a los proveedores de servicios de Activos Virtuales resulta cualquier persona natural o jurídica que se dedique a la custodia, transferencia, intermediación e intercambio de estos activos con moneda de curso legal deberán ajustarse a las obligaciones del Decreto Ley 362, “De las instituciones del Sistema Bancario y Financiero”.

El Decreto Ley 362 del año 2018, estableció un nuevo marco jurídico para el sistema financiero cubano, creando nuevas instituciones financieras y redefiniendo el papel del capital extranjero en la inversión pública y privada, los microcréditos y la extensión de tarjetas de crédito a la población civil (la revolución ya usaba la black card).

Hace énfasis la Resolución en defender la jerarquía del peso cubano y remarca la responsabilidad del Banco Central en proteger su moneda soberana. Esto deja entrever la influencia de la Ley de El Salvador, que ubicó a bitcoin como moneda de curso legal en todo su territorio. La respuesta del no democrático gobierno de Cuba para proteger su moneda, no se hizo esperar. 

Manda en su artículo quinto, que todas las organizaciones gubernamentales, políticas o sociales que cumplan tareas públicas deben abstenerse del uso de los Activos Digitales, salvo en aquellas circunstancias explícitamente autorizadas por el BCC. 

Sin dar muchas más indicaciones, pero con la sorpresa de que los cubanos puedan operar libremente entre ellos, el Banco Central de Cuba delega en sus dependencias la reglamentación de las normas complementarias.

Descargar PDF: Resolución 215/2021 BCC, regulación de criptoactivos en Cuba




6. Argentina: “Será competencia de la autoridad de aplicación, el estudio y la consecuente elaboración de informes sobre la factibilidad de la creación de un criptoactivo nacional”. 



Luego de que organizaciones y especialistas se manifestaran en contra del proyecto de ley presentado en diciembre del año pasado para regular los criptoactivos en Argentina, la diputada nacional Liliana Schuintz brindó una entrevista en una nueva transmisión del Senado, en un episodio grabado que no respondió preguntas fundamentales en torno al cuestionado proyecto.

 

Conocé el detalle y las críticas al proyecto de regulación de criptoactivos argentino

 

Transcurridos 10 meses de la propuesta legislativa, es que no se ha anunciado ninguna modificación. La diputada Schuintz celebró durante esta transmisión, el “ruido” (entiéndase por catarata de críticas y bombas molotov tipo NFT) que generó la propuesta en la que estuvo trabajando el año pasado, un “ruido” al que hasta hoy hizo oídos sordos. De todas maneras aclamó, que se había abierto un debate con el sector y dijo “Después de todo este camino recorrido, por ahí, nosotros le haríamos algún tipo de cambio, o le agregaríamos cuestiones”.

 

 

La avanzada regulatoria en todo el continente no surtió efecto en Argentina, que mantiene una postura regulatoria insuficiente y que no prolifera la incipiente industria productiva cripto. 

Con todo este camino recorrido, la industria, sigue esperando. Tomate un mate y sumá a tu espera, la parte 2 de este análisis regulatorio cripto, al que le agregaríamos cuestiones… si tenemos ganas. 

Descargar PDF: Proyecto regulatorio cripto en Argentina

 

¡Espero que la lectura te haya servido! ¡Gracias!

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